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Esta sección reúne, a manera de archivo, diversas reflexiones que, sobre la difícil situación que vive Grecia, he ido publicando en los últimos tiempos a la par de los hechos. Han surgido en Atenas, del contacto diario con la calle, con el abuso, con la mentira, con la pasividad, con la impotencia y con la injusticia. Afortunadamente, han encontrado eco en numerosos rincones del ciberespacio, han corrido de blog en blog, han llegado a los medios “oficiales” y, en ocasiones, han regresado en forma de pequeños mensajes para darme la más profunda alegría que puede recibir quien pone por escrito un pensamiento: la de saber que hay alguien, en algún lugar, que agradece leerlo. Todos esos testimonios –los que me apoyan y los que me critican– me han ayudado a comprender mejor el mundo en que vivimos. Por eso merece la pena escribir.

 



 

 

Mi agradecimiento
especial al periódico
La Nueva España ,
al sitio web
La Pasión Griega
   y a todos los que
dan alas a mi voz.

Dado que el negocio de la "crisis" va viento en popa, se acerca ya el deplorable momento de ver cómo, en Grecia, se convierte en cruda realidad la amenaza de las llamadas "Zonas Económicas Especiales": una amenaza visible hace ya tiempo, cuando las perspectivas de futuro que en este blog se analizaban sonaban para muchos a catastrofismo radical.
Hace ahora un año, Philipp Rösler, el joven vicecanciller de origen vietnamita del gobierno Merkel, visitó Grecia al frente de una delegación de empresarios alemanes y planteó abiertamente ante el gobierno griego la conveniencia de crear Zonas Económicas Especiales para atraer las inversiones extranjeras. Los ministros Venizelos y Chrysochoidis estuvieron de acuerdo en la idoneidad de zonas como el Epiro, Tracia, el Peloponeso y el Egeo Sur, pero la burocracia de Bruselas ha demorado hasta el momento el asunto, no tanto por principios éticos como recelosa de favorecer la "competencia desleal" dentro la propia Eurozona. No obstante, los muchos entusiastas de la idea (nacionales y foráneos) han seguido adelante, y, estos primeros días de septiembre, el Viceministro de Trabajo alemán, Hans-Joachim Fuchtel, se ha paseado por el Peloponeso sondeando el terreno y la disposición de autoridades y empresarios de cara al futuro inmediato. Claro está, en sus agendas de trabajo se evita aún utilizar abiertamente el término "Zonas Económicas Especiales", dado que puede despertar suspicacia, como ocurrió hace días en la isla de Leros. Es preferible hablar sencillamente de "inversiones", de "planes estratégicos de desarrollo regional" y, sobre todo, de "creación de puestos de trabajo": éste es el cebo con el que todos pican.
Como, por desgracia, el concepto de "Zona Económica Especial" está llamado a convertirse en uno de los trendies de los próximos años en los países europeos con dificultades financieras, conviene conocer a las claras lo que significa esta eufemística etiqueta. "Zona Económica Especial" es una zona concreta de un país donde las leyes que rigen en todo el territorio nacional son sustituidas por otras más afines a la conveniencia de los inversores que en ella se instalan. Para atraer el capital, las ZEE ofrecen, por lo general, los siguientes incentivos: importación de equipamientos y materias primas libre de aranceles, reducción drástica de los tipos impositivos o incluso exención de impuestos, legislación laboral eslástica, libre circulación de capitales, libre salida del país de beneficios obtenidos, subvención de gastos de transporte, subvención de gastos de contratación de personal, y régimen especial de concesión de licencias. A estos alicientes, se suma también el que el Estado facilita las infraestructuras necesarias en materia vial, de acometidas de agua y electricidad, de telecomunicaciones, de servicios sanitarios, etc. Y por si esto fuera poco, la administración del territorio de la ZEE la ejerce una persona jurídica de derecho privado cuyo principal accionista es, en una primera fase, el ayuntamiento o el gobierno regional de la zona donde se instala, y, más tarde, las propias compañías. Es decir, en la práctica, las "Zonas Económicas Especiales" son zonas del territorio nacional cedidas al control del inversor, que las administra de facto según su conveniencia.
Dejémonos de eufemismos y hablemos claro. Las "Zonas Económicas Especiales" nacieron como un invento de la city de Londres para dar continuidad al colonialismo, necesitado de renovar su imagen victoriana para poder seguir operando con éxito en las nuevas naciones "independientes". La primera ZEE se estableció a finales de 1979 en Shenzhen, entonces un pequeño puerto al norte de Hong Kong y hoy una selva de rascacielos cuyas cristaleras ocultan la explotación extrema y las muecas grotescas de la corrupción y del abuso como modus vivendi. Desde aquel primer experimento hasta la actualidad –gracias a la progresiva desregulación de los mercados y al progresivo aumento de la dependencia financiera de los gobiernos–, han sido declaradas en el mundo cerca de 4.000 Zonas Económicas Especiales. La experiencia internacional pone de manifiesto cuál es la realidad en estos territorios: para el trabajador, jornadas laborales de entre diez y doce horas diarias (llegando en algunos momentos a alcanzar las dieciséis, según datos de la OIT), elasticidad de la jornada en función de la satisfacción de estrictos objetivos de producción (en las ZEE de China, se trabaja entre 54 y 77 horas a la semana), prohibición de establecer sindicatos, gran inseguridad laboral, condiciones de trabajo degradadas y ausencia total de posibilidades de promoción; para el inversor, exención casi total de impuestos y de obligaciones de participar en programas de desarrollo del país; explotación del territorio a largo plazo a cambio de porcentajes sobre el beneficio que en muy pocos casos alcanzan el 1%; aplicación de mecanismos (fast-track) para eludir normativas medioambientales, de patrimonio, de consumo y de seguridad; y ausencia absoluta de control estatal, lo que favorece el blanqueo continuo de ingentes capitales.
Quien quiera argumentar que las ZEE crean puestos de trabajo, debe saber cuáles son las condiciones del contrato; y, además, debe saber también que, si bien en un principio se contrata población local para favorecer la aceptación, la experiencia histórica demuestra que la práctica habitual es contratar mayoritariamente a emigrantes internos o externos por períodos no demasiado largos y a través de agencias privadas, que pueden llevarse en comisión hasta la mitad de su salario. Siguiendo la Directiva europea sobre normas y procedimientos comunes a los estados miembro para la repatriación de súbditos de terceros países (2008/115/EC), nuestras legislaciones se están preparando ya para que los inmigrantes ilegales en espera de resolución sobre su caso puedan recibir empleo en zonas concretas señaladas por determinadas instancias oficiales (para el caso de Grecia, Ley 3907/2011 37.5). Lean ustedes entre líneas.
Ahora que la "crisis" se extiende y se agudiza, que empiezan a buscarse fórmulas para pagar en especie lo que no se podrá pagar en dinero y que las fortunas de los paraísos fiscales reclaman nuevos paraísos de inversión, comenzarán a hablarnos de Zonas Económicas Especiales y de otros eufemismos como supuesto motor de desarrollo y "solución" a los problemas del país. Por eso, conviene abrir los ojos y conocer las experiencias de otras latitudes: para estar preparados, para que no nos vuelvan a engañar, y para no olvidarnos nunca de que esos "paraísos" son la otra cara de muchos infiernos.

Artículo publicado en el periódico "La Vanguardia" (28/9/2012)

Esta vez, no me limitaré a exponer de nuevo la opinión de que uno de los objetivos primordiales de este terrorismo financiero disfrazado de "crisis" es que las riquezas nacionales pasen a bajo precio a manos de las grandes fortunas; esta vez, voy a poner un ejemplo. Advierto que puede –y debe– herir la sensibilidad del ciudadano.
Hace algo más de dieciséis años, en diciembre de 1995, el gobierno griego transfirió a la empresa TVX Hellas los derechos de explotación de las minas de oro y otros metales de la región de Casandra, en Calcídica (Macedonia, Grecia). La reacción de los habitantes de la zona, ante la perspectiva de ver su tierra devastada por el cianuro y vendida a intereses privados extranjeros, no se hizo esperar: apelaron al Tribunal Supremo solicitando la supresión de las obras, montaron guardia en la zona veinticuatro horas al día y fueron gaseados y desalojados repetidamente por efectivos de la policía y del ejército que acordonaban la zona. Seis años después, el Tribunal Supremo admite el recurso ciudadano; el 9 de diciembre de ese mismo año, un accidente en las explotaciones de Stratoni provoca una fuga de residuos tóxicos al mar, a resultas de lo cual, cinco meses más tarde, la empresa explotadora se declara en quiebra.
Pasados seis meses, en una extraña maniobra, el gobierno griego acepta la quiebra de TVX Hellas (6/12/2003), renunciando así al cobro de impuestos y forzando a los 472 trabajadores despedidos a aceptar la renuncia a sus honorarios pendientes. Seis días más tarde (12/12/2003), revoca la declaración de quiebra para poder comprar de la empresa los derechos de explotación. Los adquiere por la ridícula suma de 11 millones de euros, y, en cuestión de horas, se los revende por el mismo precio a Hellas Gold, compañía fundada dos días antes, sin mediar concurso público y exonerando a la nueva propietaria de toda responsabilidad sobre los daños ecológicos provocados por TVX Hellas. Una compraventa muy oscura sin ningún beneficio para el erario público. Ninguno, porque el contrato deja claro que la riqueza mineral pertenece en exclusiva a la compañía que la extrae (Ley 3220/2004 ΦΕΚ 15A / 28.01.04). Detrás de la flamante Hellas Gold, está la compañía griega Hellaktor, con la parte del ratón, y el grupo European Goldfields, controlado por Goldman Sachs, con la parte del león.
Por 11 millones de euros, estos "inversores" compraron al Estado –y al pueblo– griego: 317.000 hectáreas para la explotación minera de oro, plata, cobre, zinc y otros metales; 40 hectáreas de instalaciones industriales; 11 hectáreas de suelo urbano; 2.500 de suelo rural; 270.000 toneladas de concentrado de argiropirita (del que pueden extraerse 250.000 onzas de oro) y otros bienes más, largos de enumerar. Si, en octubre del año pasado, Qatar Holding se disponía a adquirir el 9% de las acciones de la compañía por el módico precio de 175 millones de euros, hay que suponer que el 100% de las acciones de aquella "ganga" adquirida a los griegos por 11 millones de euros vale ahora casi 2.000 millones. Más de uno se habrá hecho de oro.
Comprar en tiempos de crisis es un gran negocio. Por eso ahora, habiendo puesto a Grecia con el agua al cuello mediante el terrorismo financiero y la connivencia política, es hora de comprar. Así, con la llegada de la primavera (29/3/2012), el gobierno del "tecnócrata" Papadimos cedió 4.100 hectáreas de zona forestal en la misma región a Hellas Gold para empezar a extraer oro. El 5% de la empresa pertenece actualmente a Hellaktor (vía Aktor) y el 95% a la multinacional canadiense Eldorado Gold. Sus principales accionistas son Fidelity, Market Vectors y la famosa Vanguard, uno de los tres mayores inversores del planeta.
Una pregunta para terminar: ¿cómo es posible que un gobierno venda por 11 millones un bien común que ahora –antes incluso de su explotación sistemática– ya vale 2.000 y no se investigue ni se pidan responsabilidades?

Fuentes principales del artículo:
Kaklamanos M., "Entregamos todo el oro..." Periódico To Honi, Atenas (3/6/12)
Observatorio de Actividades Mineras: http://antigoldgreece.wordpress.com/
Coordinadora Abierta de Tesalónica contra la Explotación de las Minas de Oro:

Artículo publicado en "La Vanguardia" (15/9/2012) y en "Alerta Minera" (11/12)

Extracto de la entrevista a Pedro Olalla para la película documental "Greeceesland", actualmente en rodaje.
"Greeceesland, un camino para España", obra del documentalista Mitoa Edjang Campos, analiza la crisis desde la perspectiva griega e islandesa, con sus diferencias y similitudes con la española, y las dos maneras diferentes de afrontarla. 

Vea otros vídeos relacionados en este mismo blog

Hace ahora más de un año y medio, a la vista de lo que entonces estaba sucediendo en Grecia, dije que, muy probablemente, España sería "rescatada". Hoy, aunque el gobierno lo siga maquillando de eufemismos, el "rescate" es ya un hecho incuestionable.

Para hacer aquella afirmación no hacía falta ser ningún adivino, bastaba con darse cuenta de que en ambos países se daban "condiciones" favorables al "rescate" y tener en cuenta la avidez de los "rescatadores". Esas "condiciones" –deuda externa, endeudamiento público, evasión fiscal, corrupción, pérdida de competitividad, alta tasa de paro, (agravadas en el caso de España con particularidades como la "burbuja inmobiliaria", el endeudamiento privado o la costosa mecánica del Estado de las Autonomías)- no son precisamente las causas de la "crisis", pero, presentadas como tales con acierto mediático, contribuyen de manera eficaz a la aceptación de los "rescates" por el pueblo, que es, a fin de cuentas, el que habrá de pagarlos.

Ahora, con el "rescate", llegan también las primeras "medidas" que vertebran el plan de los "rescatadores" y de sus aliados políticos: un gobierno de cualificados "gestores" que entienden de números; un ministro de economía de la confianza de la élite financiera internacional (y de su cantera); paquetes de recortes "imprescindibles" en sanidad y educación; capitalización "imprescindible" de la banca con fondos públicos y por mayor cuantía de lo ahorrado a base de recortes; reformas de la legislación laboral en detrimento de los trabajadores; aumento del IVA y recargos en el agua, la electricidad y los combustibles; medidas para el control de los medios de información; incremento acelerado de los dispositivos policiales de seguridad y orden público; etcétera.

Todo lo que sucede en España en los últimos meses –incluida la fraseología y la retórica del establishment político y mediático- es un déjà vu de lo sucedido en Grecia, un proceso que reproduce paso a paso y con precisión matemática todo lo sucedido meses antes a este otro lado del Mediterráneo, y que, por tanto, hace tremendamente previsible el futuro inmediato. ¿Y qué es lo que va a pasar? En principio, se tomarán las llamadas "medidas para frenar el déficit" (aunque el déficit real poco tenga que ver con el montante de las deudas y con el verdadero origen de la llamada "crisis"). Medidas como: recortes progresivos en sueldos y pensiones (aunque se jure y se perjure lo contrario); reducción drástica del salario mínimo y cuestionamiento del propio concepto; debilitamiento del concepto de convenio laboral y sustitución del mismo por la negociación individual de los contratos; despido progresivo de miles de funcionarios a través de distintos subterfugios (como el paso a una "reserva" provisional); abaratamiento del despido en el sector privado como acto reflejo de las prácticas gubernamentales en el sector público; planes de privatización de bienes nacionales bajo la etiqueta eufemística de "puesta en valor" (infraestructuras sanitarias, empresas de transporte, suministros de agua y energía, loterías y quinielas, etc.); injerencia progresiva en la política de instituciones como el FMI, la Comisión Europea y sus correspondientes Task Forces; reformas en la legislación (e incluso en la Constitución) para salvaguardar los intereses de los acreedores; rescate 1, rescate 2, rescate 3... Todo en un ambiente de huelgas y manifestaciones bajo control.

El objetivo principal de este "plan" está claro: sacar provecho de una recesión creada expresamente para que la riqueza pase a cada vez a menos manos y para que las condiciones que permiten el enriquecimiento de esa élite sigan mejorando progresivamente. Por eso, sus acciones en nombre de la "crisis" van encaminadas a la degradación del mercado de trabajo hasta que todo el mundo esté dispuesto a hacer cualquier cosa por un bocadillo, al desmantelamiento de los servicios públicos y a su sustitución por servicios de pago prestados por corporaciones privadas (en las que tienen parte los propios políticos que favorecen el proceso), al debilitamiento del ya deficiente sistema democrático..., van encaminadas, en una palabra, al retroceso del estado social y a la pérdida de conquistas y derechos adquiridos por la humanidad a través de largos y penosos procesos de lucha.

Y el futuro próximo depara aún mucho más. Cuando la deuda no se pueda pagar –porque está previsto que sea impagable-, darán comienzo los procedimientos de cobro alternativo: privatización de recursos naturales públicos (agua, fuentes de energía, yacimientos minerales, riqueza forestal, parajes naturales...), creación de "zonas de economía especial" (es decir, zonas del territorio nacional cedidas en usufructo a "inversores" y acogidas a regímenes jurídicos, fiscales y laborales especiales, a conveniencia del "inversor"), relajación de las leyes que protegen los derechos fundamentales de las personas y su propia integridad, y toda una serie de pesadillas que ya son realidad cotidiana en muchos lugares del planeta, algunos bien cercanos.

Este es el plan para los próximos meses, o, digamos, los próximos años, en esta Europa cada vez menos política y más financiera. Ante este déjà vu, en la conciencia de los "ciudadanos" está ahora seguir sentados en el sofá hasta que todo esté perdido, o levantarse de una vez y actuar.

Articulo publicado en el periódico "La Vanguardia" (20/7/2012)

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